Por: Adriana Ortega Luna
La influencia de las redes sociales suele interferir e incluso
dirigir la opinión pública; en ocasiones vemos como la presión social sobre
algún caso relacionado con la violación de los Derechos Humanos es tal, que
llega a incidir en la actuación de nuestras autoridades.
En 2013 tuvimos el sonado caso de Yakiri, joven que fue detenida
por haber privado de la vida a su supuesto agresor, y que de víctima pasó a
agresora argumentando que había actuado en legítima defensa al repeler el
intento de violación de parte del joven; varios fueron las argumentos aportados
por ambas partes, pero el golpe mediático siempre estuvo presente en la
controversia en primera fila; en 2014 la Quinta Sala Penal del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, consideró que Yakiri hizo “uso
excesivo de la legítima defensa”, y tenía derecho a salir bajo fianza.
Entonces, no faltó quien opinara que la presión social que se generó a partir
de los medios y redes sociales determinó tal decisión; en 2015 Yakiri se
postuló como candidata a diputada local por el distrito IX a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal por el Partido Movimiento Ciudadano, no ganó,
actualmente se dice activista en la defensa de los Derechos Humanos.
Las redes sociales han abierto canales en los que la gente puede
manifestar sus ideas, emociones y opiniones respecto a diferentes
acontecimientos, se generan y por supuesto se crean tendencias de opinión,
posturas, algunas espontáneas y las más dirigidas; aunque la voz de las
mayorías nunca ha sido necesariamente la que ostenta la razón, la más justa o
la más ética, ya decía Umberto Eco hace algunos meses: “ las redes sociales le dan derecho a
hablar a una legión de idiotas que primero hablaban sólo en el Bar después de
un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y
ahora…la opinión de los necios tiene la misma relevancia que la de un premio
Nobel”
Independientemente de nuestra opinión respecto a tan profundo
pensamiento expresado por Eco, lo que es bien cierto es que las redes sociales
son una herramienta poderosa e influyente.
Actualmente tenemos el caso de la periodista Tamara de Anda, quien
denunció a un taxista en la Ciudad de México por acoso, cuando éste le gritó “¡adiós
guapa!”; las autoridades procedieron y se sancionó al “acosador”; ¿fue
exagerada la actuación de la periodista?, ¿efectivamente se puede calificar de
acoso ese acto de acuerdo a la ley?, ¿se demostró que había tenido una
afectación física o psicológica por la “agresión” tal y como lo señala la ley?,
son preguntas que podemos contestar en uno u otro sentido, pero lo que sí se
volvió un acoso incuestionable fueron las violentas agresiones que la señorita
De Anda recibió vía las redes sociales después de hacer valer un derecho que la
propia ley le otorga.
Los mensajes que ha recibido contienen un lenguaje violento,
humillante, incluso de amenazas de muerte. De Anda denunció que en tan sólo dos
horas su cuenta Twitter tuvo 268 menciones y 634 en dos horas, la
mayoría consistentes en amenazas e insultos. Un claro caso en donde le salió más caro el caldo que las
albóndigas, y que muestra los riesgos que se corren cuando se opta por
denunciar y hacer valer la ley.
El tema de esta semana ha sido el Amparo de los “porkis”,
sobre el que no abundaremos ahora, pero que también ya ha sido tocado por el
poder de las redes sociales.
¿Cómo afecta esto a la defensa de los derechos humanos y la
protección y garantía que el Estado debe brindar para su defensa?, es una
respuesta que por el momento no es fácil contestar por la brevedad y alcance
limitado de este espacio de mera opinión, nos limitamos por el momento a
plantear el problema y abrir el debate al respecto, aceptando que las redes
sociales son un fenómeno complejo y en continuo crecimiento sobre el que
debemos reflexionar.
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